Funciones y Obligaciones del Agente Residente

El agente residente es una persona jurídica o natural, generalmente un abogado o firma legal, designado por una sociedad para representarla legalmente en Panamá. Sus funciones y obligaciones incluyen:

1. Servir como intermediario entre la sociedad y las autoridades panameñas.
2. Mantener actualizada la información de la sociedad ante el Registro Público de Panamá.
3. Asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y tributarias.
4. Custodiar y mantener la documentación legal y corporativa de la sociedad, incluyendo el registro de acciones, actas y otros documentos relevantes.
5. Informar a la sociedad sobre cambios en la legislación panameña que puedan afectarla.
6. Facilitar la comunicación entre la sociedad y sus socios o beneficiarios finales.

Sanciones y Consecuencias

El incumplimiento de las funciones y obligaciones del agente residente puede acarrear sanciones según las leyes panameñas. Estas sanciones pueden incluir multas, suspensión de la sociedad y, en casos graves, su disolución. Además, un cliente que no mantenga contacto con su agente residente podría enfrentar dificultades para acceder a servicios bancarios, enfrentar multas y sanciones, y poner en riesgo la reputación de su empresa.

Beneficios de tener un Agente Residente

Contar con un agente residente en Panamá brinda numerosos beneficios, como:

1. Facilitar el cumplimiento de las leyes y regulaciones panameñas.
2. Proteger los intereses de la sociedad y sus beneficiarios finales.
3. Acceder a asesoramiento legal y tributario experto.
4. Facilitar la gestión de la sociedad y sus operaciones en Panamá.
5. Brindar tranquilidad y seguridad a los socios y beneficiarios finales

Hoy en día no es recomendable mantener una sociedad y no tener ningún tipo de comunicación o contacto con su agente residente, la falta de comunicación con el agente residente es un indicativo que el mismo esté por renunciar de la sociedad lo que tiene como consecuencia la suspensión de sociedad en el Registro Público de Panamá con su consecuente disolución de no subsanarse dicha situación.

La República de Panamá aplica el impuesto sobre la renta territorial, razón por la cual no cobra impuestos a aquellas operaciones que se hayan perfeccionado o realizado fuera de sus fronteras. Sin embargo, La República de Panamá ha suscrito en la última década ciertos acuerdos de intercambio de información financiera, así como compromisos para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, lo que ha llevado dado como resultado la creación y aplicación de la obligación de mantener registros contables para las personas jurídicas que operan fuera de fronteras panameñas.

Si bien es cierto que las rentas de las figuras jurídicas que operan fuera de Panamá no pagarán impuestos en la República de Panamá, estas figuras si están obligadas a mantener registros contables de dichas operaciones en Panamá.

¿Cómo se cumple con la obligación de mantener dichos registros?

Las personas jurídicas que operen de manera “off shore” tienen la obligación de mantener sus registros contables y documentación de respaldo en las oficinas del agente residente dentro de la República de Panamá. o en cualquier otro lugar dentro o fuera de la República de Panamá. Esta obligación debe estar disponible por un período no menor a cinco años, contados a partir del último día del año calendario dentro del cual se realizaron las transacciones. Artículo 1 y 2 de la Ley 52 de 27 de octubre de 2016.

En caso que se decida mantener la información en otro lugar distinto a la oficina del agente residente, la persona jurídica está obligada a proporcionar al agente residente, por escrito lo siguiente:

1. Dirección física donde se mantienen los registro contables y documentación de respaldo.
2. El nombre y datos de contacto de la persona que los mantiene bajo custodia.

Artículo 2 de la ley 52 de 27 de octubre de 2016

Toda esta información debe estar a mano con la finalidad de que si autoridad competente la solicite, la misma pueda ser brindada dentro de los tiempos establecidos. En el evento que la oficina de Intercambio de Información Tributaria de la República de Panamá solicite algún tipo de información al agente residente, la persona jurídica estará obligada a proporcionar la información solicitada en un término no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la solicitud de información.

¿Qué sucede si la persona jurídica no brinda la información?

En caso de negativa el agente residente estaría obligado a renunciar como agente residente de dicha persona jurídica, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contado a partir del día siguiente al último día en que se debió presentar la respuesta. Si el agente residente no inscribe en el Registro Público dicha renuncia, la autoridad competente impondrá las sanciones correspondientes y ordenará al Registro Público remover de forma definitiva al agente residente de la persona jurídica.

En caso de remoción del agente residente, el Registro Público no inscribirá un nuevo agente residente para la persona jurídica sancionada hasta tanto se subsane el incumplimiento.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimientos a la ley 52 de 25 de octubre de 2016?

Aquella persona jurídica que incumpla con estas obligaciones tendrá una sanción de Mil dólares (USD$ 1,000.00) sumado a una multa de cien dólares (USD$ 100.00) por cada día en que transcurra sin que se subsane la causa que dio lugar a el incumplimiento.

¿Qué registros contables se deben mantener específicamente?

Según la legislación fiscal panameña los registros indispensables de contabilidad que debe llevar todo comerciante son: un Diario y un Mayor. Las sociedades comerciales deberán llevar además un registro de actas y un registro de acciones o accionsitas, o en su caso, un registro de cuotas de participación

Cuando se trate de personas jurídicas que no realizan actos de comercio, sino que se dedican exclusivamente a ser tenedoras de activos (de cualquier clase ya se muebles o inmuebles) deberán proporcionar información que demuestre el valor de los activos que mantienen en propiedad y los ingresos que percciben de dichos activos. Artículo 2 del Decreto Ejecutivo de 13 de septiembre de 2018.

Ley 52 de 27 de octubre de 2016

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